Por: Excélsior
Washington, Estados Unidos; 9 de agosto.- El gobierno de Donald Trump planea localizar en sus países de origen a personas mexicanas que ya fueron expulsadas de territorio estadounidense, con el fin de exigirles el pago de adeudos generados por no acatar órdenes de salida en su momento. Dicha penalización asciende a 998 dólares diarios por el tiempo que permanecieron de manera irregular en EU.
A este cobro se le suma una sanción económica de 15,000 dólares aplicable desde el año pasado a quien sea interceptado ingresando sin documentos por la frontera, monto que puede incrementarse si la captura ocurre en zonas resguardadas conjuntamente por agentes fronterizos y elementos militares.
Registros oficiales revelan que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) persigue una cartera vencida de más de 423 millones de dólares distribuidos entre 66,387 migrantes deportados.
Para concretar estas acciones, la CBP concluyó una licitación exprés de tres días mediante la cual elegirá a las firmas privadas encargadas de ubicar en sus naciones a los deudores procedentes de México, Guatemala y Honduras.
La meta de la dependencia es delegar en despachos de cobro de origen estadounidense el rastreo internacional de los involucrados. Las compañías seleccionadas deberán efectuar notificaciones presenciales y tramitar el pago de las penalizaciones civiles pendientes a las decenas de miles de exciudadanos residentes que ya han sido expulsados.
Los pliegos de la convocatoria estipulan que las agencias licitantes deben contar con la infraestructura logística necesaria para hallar a las personas en México, Honduras y Guatemala, catalogados como mercados clave, sin limitar la búsqueda únicamente a esos territorios.
Respecto a los topes de sanción, la ley fija un máximo acumulable equivalente a cinco años de permanencia no autorizada tras recibir orden de salida. Bajo este criterio, una madre de familia mexicana con tres hijos de nacionalidad estadounidense residentes en San Diego fue notificada recientemente por correo sobre un cobro acumulado de 1.82 millones de dólares.
La CBP detalló que el personal de las empresas contratadas deberá ubicar físicamente a los deportados para proporcionarles folletos explicativos sobre su adeudo e instruirlos a pagar mediante el sitio web gubernamental pay.gov, procedimiento que obliga a contar con acceso a cuentas en el sistema bancario estadounidense.